El mensaje que vino del norte

Manuel Valenzuela V.

El juez preguntó al jurado su veredicto en cada uno de los cargos que la fiscalía de Manhattan imputó a Donald Trump y treinta y cuatro veces se escuchó la palabra Guily (Culpable) en una sala inundada por la solemnidad y el silencio e impactada por la contundencia del veredicto. Ni uno solo de los doce jurados tuvo dudas de la culpabilidad del acusado en ninguno de los cargos que se le imputaron. De esa manera se hizo historia: por primera vez un expresidente de los Estados Unidos fue declarado delincuente convicto. 

Semanas después, Hunter Biden, hijo del presidente en funciones, fue también encontrado culpable de mentir en una declaración que realizó en el momento de comprar una pistola, dijo que no era adicto a ninguna droga cuando si lo era al crack. Las sentencias en ambos casos están pendientes de dictarse, pero ambos acusados han sido declarados delincuentes convictos, pese a ser ambos personajes de alto perfil mediático. Eso me parece que habla bien del funcionamiento de la justicia en el país del norte. 

El principio fundamental de la democracia basada en el imperio de la ley funcionó una vez más pese al intento de politización de esta realizado por el expresidente hoy convicto. No observé esa conducta en el caso del hijo del presidente Biden. Nadie por encima de la Ley, así sea este un expresidente, hijo de presidente en funciones o del propio titular del ejecutivo. "Todos los ciudadanos son iguales y deben someterse al imperio de la Ley" reza el principio de la democracia liberal y en ambos casos parece haberse cumplido. 

Enfoco mi comentario en el caso del expresidente. Cuando recién se dio el veredicto del jurado, estuve escuchando a diversos expertos en el canal de CNN: "Este es un buen día para la democracia y el imperio de la Ley" dijo alguno de ellos (no apunté su nombre); "Es una bocanada de aire fresco en un ambiente muy contaminado por la polarización" dijo otro. "Ya casi había perdido la esperanza de que el brazo de la justicia alcanzara a este farsante" agregó alguien más cuando el conductor preguntó su primera reacción ante el veredicto.

Esto no quiere decir que esto sea ya la última palabra. Mucho camino legal habrá de recorrerse aún. La defensa va a impugnar el veredicto una vez que el juez dicte sentencia el próximo once de julio y, quizá, el caso pudiera llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por lo pronto el palo está dado. Donald Trump es ya un delincuente (felon) convicto por un jurado en primera instancia, no importa lo que pueda suceder después. 

Sin embargo, pese al veredicto de culpable y sin importar la sentencia que el juez dicte (pudiera ser cárcel, pero es poco probable), la ley de Estados Unidos no le impide a Trump ser el candidato del Partido Republicano, como seguramente lo será, para las elecciones de noviembre próximo. Puede incluso ganar y gobernar en caso de que los votantes así lo decidan. En las próximas semanas y meses sabremos cuáles fueron las consecuencias políticas del veredicto, pero el triunfo de la ley sobre las ambiciones personales y el poder de una persona tóxica como Trump siempre es una buena noticia.

Falta ver qué dicen los votantes el próximo 5 de noviembre, pero por ahora el promedio de encuestas sigue favoreciendo a Trump por escaso margen. De acuerdo con Real Clear Politics, en los siete estados "bisagra" Trump tiene ventaja reducida pero clara (fuera del margen de error) en cuatro de ellos (Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte) y los otros tres hay un empate técnico (Michigan, Wisconsin y Pensilvania). Es decir, en ninguno de ellos Biden registra ventaja. Por ahora, a los ciudadanos norteamericanos no parece importarles mucho elegir a un delincuente convicto para que dirija los destinos de su país y sea el responsable de hacer cumplir la ley que él mismo ha incumplido. 

Pero el mensaje que vino del norte, que nadie debe estar por encima de la Ley, es fundamental también para México. El Estado de derecho debe ser la columna vertebral sobre la que se erija cualquier democracia. Los intentos por politizar la justicia y tratar de controlar los órganos de impartición de esta, son dañinos a la democracia y favorecen a regímenes autoritarios, de igual manera que lo son la corrupción de los jueces por los intereses económicos o de grupos criminales. Por ello, es fundamental mantener un Poder Judicial independiente y alejado tanto de la política como de la corrupción.

Sin duda hay mucho que hacer en nuestro país para lograr lo anterior. En el pasado, y seguramente también hoy, han sido corrompidos tanto jueces como ministerios públicos y por eso, y por muchas otras razones, la justicia en México no marcha como debiera. 

Por ello, es claro que se requiere una profunda reforma al Poder Judicial. Una que atraviese la justicia federal y la de los estados; que vaya desde los ministros públicos hasta los jueces y ministros; desde la prevención, administración e impartición de justicia hasta el sistema carcelario, y seguramente muchos aspectos más que los expertos podrían discutir y aportar sus ideas y propuestas. Sin embargo, en ninguna circunstancia debe atentar contra la independencia de ese poder. 

No es politizando la justicia como vamos a lograr un verdadero Estado de derecho. El camino de elegir de manera directa a los ministros de la Suprema Corte no garantiza que tengamos a los mejores y mucho menos su independencia. Jueces y Magistrados no son, ni deben ser, representantes populares, sino expertos reconocidos por su prestigio e imparcialidad en la aplicación de la ley. 

Por ello, el mensaje que vino del norte nos puede servir, pero dados los resultados del proceso electoral reciente y los primeros pasos de la virtual presidenta electa, al parecer seguiremos caminando en sentido contrario a la división de poderes.