31/07/2024 09:29 / Uniradio Informa Sonora / Columnas / Actualizado al 31/07/2024
Manuel Valenzuela V.
El avance del control territorial de amplias zonas del país por parte del crimen organizado y su creciente influencia en la vida económica, social y política, configuran la tragedia que estamos viviendo en materia de violencia, inseguridad y de impunidad en el México de hoy. El actual gobierno no ha querido darle la dimensión que este problema tiene.
La semana que recién concluyó nos enteramos de la huida del país de cientos de chiapanecos que ante la indiferencia y la incapacidad del gobierno se vieron obligados a huir a Guatemala para recibir la protección a sus vidas que su país no puede darles. Desde hace meses, diversos líderes comunitarios de la zona de la montaña de Chiapas han denunciado la violencia generalizada en sus pueblos provocada por la lucha que mantienen los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de ese importante territorio fronterizo que juega un papel estratégico en el paso de drogas y personas provenientes de Centro y Sudamérica.
También nos enteramos por la prensa de que la cadena de tiendas de autoservicio OXXO cerró el total de sus establecimientos en la ciudad de Nuevo Laredo en Tamaulipas por la inseguridad imperante. El viernes fueron noticia esos dos acontecimientos que compartieron titulares de la prensa con la captura (o entrega) por parte de las autoridades estadounidenses (al parecer el FBI) de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, en territorio norteamericano. El gobierno de México no fue enterado de la operación hasta que esta concluyó.
Ambas vertientes de la noticia tienen que ver con el elefante en la sala que los gobiernos de México no han querido ver: la acción impune del crimen organizado en el país. No importa el signo ni el color de los partidos en el gobierno, el narcotráfico ha sido capaz de corromperlos a todos a cambio de libertad de acción, protección e impunidad. El resultado es la situación que hoy tenemos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido declaradamente omiso para actuar en contra de los grupos criminales abdicando en su responsabilidad de ofrecer seguridad a las personas y sus propiedades ejerciendo el monopolio legítimo del uso de la fuerza y haciendo que la ley se cumpla. No solo eso, sino que a manera de excusa se ha inventado un discurso especial para no actuar en contra de ellos: atender lo que llama las causas del fenómeno por medio de dar recursos a los jóvenes a través de diversos programas sociales para que supuestamente no se vayan con los criminales.
Pero los gobiernos anteriores no fueron diferentes, aunque fueron menos descarados. Al final el narcotráfico encontró la manera de sobornar políticos, policías y militares a cambio de impunidad para operar. Por ello, la tragedia actual no es atribuible a un solo partido político porque todos han tendido responsabilidad en ella.
Hoy la situación ha llegado a un punto que parece insostenible. Los mexicanos de ciertas regiones, como es el caso de Chiapas, se están yendo del país porque no pueden vivir con la violencia que provoca la lucha de los criminales por el control de territorios, sin que el gobierno pueda protegerlos. Ya sea por omisión o corrupción, ni la Guardia Nacional, ni el ejército, ni las policías locales han podido garantizar que los ciudadanos vivan y trabajen en paz.
La mayor preocupación, y en cierto modo decepción, es que el gobierno de Claudia Sheinbaum que pronto asumirá el poder en dos meses abiertamente declara que la política de seguridad seguirá siendo la misma que hoy se aplica. Es decir, no hay esperanza, por eso la gente de ciertas regiones está huyendo del país.
La única fuerza de contrapeso, parece que vendrá de los Estados Unidos por la crisis del fentanilo que está ocasionando que mueran cien mil personas en promedio cada año en ese país. De hecho, las declaraciones tronantes e irrespetuosas de Trump en el sentido de que en México ya gobierna el narcotráfico y que, de ganar él la presidencia, declarará terroristas a los carteles de las drogas y usará la fuerza militar de su país para combatirlos dentro y fuera de su territorio, y la propia captura (pactada o no) del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán, apuntan en la dirección que ya los Estados Unidos están actuando.
Los tiempos que se avecinan en esta materia para México no son buenos. La información que tienen tanto el Mayo Zambada como el hijo del Chapo, lo mismo que los otros capos que hoy sirven como testigos protegidos, seguramente desnudarán las redes de la corrupción que han permitido a los narcos operar con absoluta impunidad. Es de preverse que políticos de altos cargos, incluyendo gobernadores, lo mismo que jefes policiacos y militares, así como dirigentes partidarios sean señalados como cómplices de los narcos.
Parece que se ha llegado a un límite en la protección de los grupos criminales y se tiene que actuar. La propia soberanía del país parece estar en riesgo, además desde luego, de la confianza para invertir y viajar en México. La nueva administración tiene la gran responsabilidad de actuar de manera diferente a como lo hizo el gobierno que ya se va. De ello depende recuperar al país de manos de los criminales.
