
24/03/2025 11:38 / Uniradio Informa Sonora / Columnas / Actualizado al 24/03/2025
Manuel Valenzuela V.
Los descubrimientos de restos humanos semi calcinados y abundantes prendas de ropa y calzado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, realizados por las incansables madres buscadoras, ha puesto nuevamente en el ojo público, ahora internacional, la gran tragedia de México: la violencia y la impunidad con la que han actuado por décadas los grupos del crimen organizado.
La cantidad de asesinatos y cuerpos cremados en el rancho mencionado no es el dato más relevante como lo es el hecho de que en el país hay decenas, quizá cientos, de ranchos Izaguirre distribuidos en todo el país. El gobierno ha perfilado ya una estrategia para desmentir a las madres buscadoras y "demostrar" que ese lugar no era un campo de exterminio sino uno de reclutamiento y que solo "de vez en cuando" se les pasaba la mano a los "generadores de violencia" y se escabechaban a uno que otro "cristiano".
No importa si fue solo uno, o cien o mil, la evidencia es que México se ha convertido en un gigantesco cementerio sin que hasta hoy las autoridades parezcan darse cuenta de la tragedia que padecemos los mexicanos ¿Dónde cree usted que están la gran mayoría de los 124 mil desaparecidos, 52 mil de los cuales lo hicieron durante el sexenio de López Obrador, que registran los datos oficiales? Pues la respuesta es muy sencilla: están muertos. Muchos de ellos enterrados quién sabe dónde y otros disueltos en ácido o cremados para desaparecer la evidencia.
Súmele usted a esos desaparecidos, los doscientos mil muertos de López Obrador, los 120 mil de Calderón y los 156 mil de Peña Nieto y claramente verá el cementerio en el que se ha convertido el país. Y esto sin considerar la pandemia que apagó otros tantos centenares de vidas, aunque estos obedecen a causas distintas a lo que aquí estamos tratando.
El problema de fondo es que no hay ley para quienes pueden corromper a policías, militares, funcionarios y políticos de todos los órdenes de gobierno y de todos los partidos. Los grupos del crimen organizado han tomado control de buena parte del territorio y han comprado funcionarios a través de financiar sus campañas políticas. Por ello han actuado y actúan con la más absoluta impunidad, especialmente durante el sexenio que se definió como de "abrazos, no balazos."
Claudia Sheinbaum parece haber dado un giro en ciertos aspectos con la política anterior sin haber hecho la más mínima autocrítica a los errores del primer gobierno de la Cuarta Transformación.
Más presionada por el gobierno norteamericano que por convicción propia, ahora se incautan cargamentos de droga y se capturan capos de mediano pelo, pero no se atreven a entrarle a desmantelar las redes de protección política y policial de los delincuentes. Tampoco han seguido hasta hoy la ruta del dinero.
La gran tarea estratégica en materia de seguridad sigue siendo recuperar el control total del territorio y desmantelar a los grupos del crimen organizado, incluyendo sus redes de protección política y policial.
Por ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum da la impresión de que quiere, pero no puede. La movilización policiaca y militar en Sinaloa lleva meses y no han sido capaces de detener a Iván Archivaldo Guzmán Salazar ni a su hermano. Tampoco en Jalisco han podido detener a Nemesio Oceguera Cervantes, alias "el Mencho" ni a ningún otro cabecilla principal de las otras bandas de criminales.
Si la voluntad es total como afirman, pero la capacidad limitada, quizá sea hora de pensar en buscar ayuda en el exterior. Después de todo el mercado ilegal de tráfico de drogas tiene al menos un alcance continental. Así lo ha caracterizado el analista en temas de seguridad Eduardo Guerrero, quien ha propuesto al gobierno mexicano buscar un tratado de seguridad de América del Norte que funcione en paralelo al T-MEC que pronto será revisado.
La principal limitación del gobierno de Sheinbaum quizá no es tanto de recursos o de inteligencia, sino de falta de voluntad política para desmantelar las redes de corrupción que hoy operan bajo la protección de muchos de los poderes regionales de Morena, desde presidentes municipales y gobernadores hasta miembros del congreso.
Se requiere una coordinación trinacional a la que haya que responder con las acciones y resultados, lo mismo que cuerpos militares de élite y cooperación en materia de inteligencia para realmente tener posibilidades de desarticular a las organizaciones criminales que son también transnacionales.
Aún así, todavía quedarían otros aspectos que habría que abordar para redondear una estrategia integral sobre el problema. Me refiero a la existencia misma de un mercado internacional de drogas, que requiere de un tratamiento de todos sus componentes: oferta, demanda y consumo.
Es insuficiente atacar el problema solamente desde lado de la oferta. Como cualquier otro mercado, si la demanda persiste y el ataque a la oferta es exitoso, vendrá escasez del producto por un tiempo y eso se reflejará en incrementos en los precios, aún más tratándose de una demanda inelástica como lo es la de las drogas.
Habría pues que revisar la legislación prohibitiva de algunas drogas y pensar en regular la oferta y demanda desde el Estado, tal como sucedió con el alcohol y el tabaco en otros tiempos. No todas las drogas dañan en la misma magnitud a la salud, por lo que se recomendaría una política diferenciada.
Pero este es otro tema que merece un análisis más amplio en otra columna. Por lo pronto, la gran tragedia de México sigue siendo la violencia generalizada, las desapariciones y la impunidad con las que siguen actuando los criminales. Veremos si el actual gobierno tiene la convicción, la voluntad política y la capacidad operativa para librar a los ciudadanos de esta enorme tragedia que ya parece destino manifiesto.