02/12/2024 12:03 / Uniradio Informa Sonora / Columnas / Actualizado al 02/12/2024
Manuel Valenzuela V.
La montaña rusa en la que nos subió Donald Trump ha empezado a moverse, pronto nos enfilamos a una serie de altas y bajas bruscas en la relación bilateral de nuestro país con Estados Unidos. La primera gran sacudida que experimentaremos serán las deportaciones masivas que prometió y que ha reafirmado iniciará el primer día de su administración.
Más allá de las negociaciones que se puedan hacer para tratar de mitigar el fenómeno, bien haría la presidenta Sheinbaum en preparar un plan desde ahora para enfrentar los efectos que tendrá la llegada intempestiva de cientos de miles (quizá millones) de personas, compatriotas y no, que serán enviadas a territorio mexicano en los primeros meses del año que se avecina.
Se necesitarán albergues, comida, servicios de salud, empleos, entre otras cosas, que no tenemos disponibles. La crisis será especialmente grave en los municipios fronterizos que siempre pagan los platos rotos de fenómenos que no son se generan ahí, sino que son transnacionales, pero que ellos los sufren. La preparación debería empezar en asignar una partida presupuestal suficiente en el PEF de 2025 que se discute en el Congreso. Apoyar a los municipios y estados fronterizos va a ser una necesidad que no puede eludirse a riesgo de que se genere una verdadera crisis humanitaria en el país.
También es muy importante analizar cómo se va a presentar el fenómeno, si se va a dar en etapas, quiénes van a ser expulsados primero, cuántos serían, si se forzará a que México acepte convertirse en un tercer país seguro o simplemente se va a proceder por la vía de los hechos.
La semana pasada el periódico The New York Times, publicó un artículo donde desglosa las etapas en las que presumiblemente se procederá para la deportación. Explica que se empezará por expulsar a los migrantes indocumentados que tengan récord criminal (desde cargos graves hasta por falta de licencia de manejo), los cuales según los trumpistas ascienden a unos tres millones, aunque las cifras oficiales serían de poco más de 660 mil. En este caso, al parecer la expulsión puede ser relativamente rápida porque las personas están en prisiones o son fácilmente localizables, además de que la ley lo permite debido a la comisión de un delito adicional al que implica no tener la documentación en regla.
En una segunda etapa expulsarían personas con récord limpio, pero que ingresaron ilegalmente a ese país, sin limitar aún el tiempo que tengan viviendo en Estados Unidos. En este caso, se debe seguir un proceso legal de deportación caso por caso, lo que no sería rápido ya que las cortes están rebasadas de trabajo. Además, estas personas no están fácilmente localizables, lo que implicaría llevar a cabo redadas en centros de trabajo y quizá en barrios donde se sospeche que radican.
También se requiere ampliar los recursos tanto a las instituciones encargadas de detenerlos como a los juzgados encargados de llevar los casos. Mientras tanto, será necesario crear centros de detención (especies de campos de concentración modernos) para mantener a las personas, incluyendo niños, mientras se autoriza su expulsión. El gobierno de Texas ya donó un amplio terreno en McAllen al gobierno federal para que se establezca uno de esos centros. Se necesitarán más.
Una tercera etapa incluiría a personas que sin haber sido aprobados sus papeles de estancia permanente en el país tienen una solicitud en proceso, la mayoría de asilo político, y que tienen un permiso para permanecer en el país mientras se resuelve su caso. En esta situación se encuentran la gran mayoría de inmigrantes centroamericanos, venezolanos, cubanos, haitianos que han argumentado que huyen de la represión y violencia en sus países. Es el caso también de muchos mexicanos que huyen de la violencia del narco en regiones como Chiapas, Tabasco, Michoacán y varios lugares más.
Es probable que una gran mayoría de los migrantes recientes se encuentren en este último supuesto y en este caso no es tan fácil expulsarlos ya que ellos no ingresaron ilegalmente al país, solicitaron asilo y recibieron un permiso de estancia temporal. El camino aquí es esperar a que sus casos se resuelvan, lo que podría agilizarse si dan más recursos a las oficinas encargadas de analizar las solicitudes.
Por otro lado, lo que Trump y los republicanos han propuesto es modificar la ley de asilo que permite una estancia temporal mientras se procesan las solicitudes. Proponen que los solicitantes esperen fuera del país hasta que se apruebe su solicitud. El problema de esta modificación es que, en los casos de amenaza inminente, esta modificación podría poner en riesgo la vida de las personas. En todo caso esta modificación tendrá que pasar por el Congreso y, de aprobarse, se aplicaría para casos futuros no para los que ya están residiendo en el país.
Lo que Trump pretende para evadir todos estos "inconvenientes" que la ley le plantea para llevar a cabo su plan de deportación masiva es declarar, vía una orden ejecutiva, una emergencia nacional por la invasión de inmigrantes ilegales y, de esta manera, sacarle la vuelta a la ley. Para ello dice que recurrirá a la Alien Enemies Act de 1798, promulgada cuando recién se había constituido la Unión y la invasión de Inglaterra o de Francia a la naciente nación era una amenaza real.
Finalmente, según la nota del New York Times, el plan de Trump para las deportaciones tendría un costo aproximado de unos 88 billones de dólares anuales, lo que no es fácil que el Congreso le otorgue. De cualquier manera, parece claro que algún tipo de deportación va a llevar a cabo Trump porque no puede fallarle a sus bases. Por ello, el gobierno de Sheinbaum debe tomar las precauciones del caso.
