Los Acuerdos de Bucareli

Manuel Valenzuela V.

Otro de los aspectos interesantes que aborda Ignacio Almada en su libro sobre Álvaro Obregón que he comentado en las dos columnas anteriores, es el de la participación del caudillo en los llamados Acuerdos de Bucareli que permitieron el reconocimiento del gobierno mexicano por parte de los Estados Unidos. Se le acusa de haber sido entreguista por reconocer la propiedad de las empresas petroleras establecidas en territorio nacional a pesar de lo establecido en el artículo 27 constitucional.

En el capitulo seis, referido a la obra de gobierno de Obregón, Almada brinda abundante información documental sobre ese complejo episodio de la historia diplomática mexicana. Analiza la importancia estratégica de lograr el reconocimiento del gobierno emanado de la revolución mexicana por parte de los Estados Unidos, así como de sortear el peligro de una nueva invasión, mientras se creaban las condiciones para iniciar la reconstrucción del país.

Cunado inició el gobierno de Obregón (1920-1924) las condiciones del país no eran las mejores. El país recién había salido de una larga lucha que había dejado destruida la infraestructura, sobre todo la ferroviaria, y afectado seriamente la capacidad productiva del país, especialmente la agricultura y la ganadería. Adicionalmente, el gobierno había interrumpido el cumplimiento de sus compromisos internacionales como el pago de la deuda externa y las empresas extranjeras habían sido afectadas por la revolución, motivo por el cual reclamaban el pago de los daños ocasionados a sus propiedades.

Por otro lado, la Constitución de 1917 había incorporado en su articulado las demandas nacionalistas como la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo, quedando establecido en el artículo 27. Lo mismo había sucedido con los derechos de los trabajadores en el artículo 123, los cuales afectaban los intereses de las empresas extranjeras. 

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Como resultado de lo anterior, y estando bajo la presión de las empresas extranjeras, el gobierno de Estados Unidos se había negado a reconocer al gobierno de Obregón como tampoco lo hizo con el de Carranza. Exigía, entre otras cosas, que se reconocieran las propiedades de los extranjeros adquiridas legalmente antes del inicio del movimiento armado y que se les pagaran las afectaciones que habían sufrido durante la revolución. También presionaba para que se reanudara el pago de la deuda externa y para que se anulara el párrafo del artículo 27 constitucional que establecía la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo. 

De acuerdo con lo que nos explica Almada en su libro, las presiones de las compañías petroleras eran enormes, algunas proponían incluso que el ejército de los Estados Unidos ingresara al país y tomara las áreas petroleras donde operaban las empresas y, de esta manera, negociar en condiciones de fuerza. Otras fuerzas al interior del gobierno estadounidense se inclinaban a negociar, pero ser inflexibles en cuanto a las demandas, especialmente en lo establecido en el artículo 27 constitucional. 

Por el contrario, del lado mexicano había quienes sostenían una línea dura que proponía no ceder en la aplicación retroactiva del artículo 27 y no reconocer las deudas del porfiriato ni las que se hubiesen concedido al gobierno de Victoriano Huerta. Otros, dentro de los que se encontraba Obregón, mantenían una posición más pragmática y entrar en un proceso de negociación, reconociendo lo que se considerara justo y buscar una salida aceptable para ambas partes en lo referente al artículo 27 constitucional, pero sin eliminarlo. 

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El proceso de negociación fue muy complejo y tortuoso. Por varios meses las negociaciones las encabezó el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, que se trasladó incluso a Washington a mediados de 1922, de donde se derivaron los Tratados De la Huerta-Lamont que, aunque fueron aprobados por el Congreso en 1922, meses más tarde Obregón los desconoció argumentando que el gobierno no tenía los recursos para cumplir con los pagos a los que De La Huerta se había comprometido dado que el gobierno de Estados Unidos y los bancos le habían negado un primer préstamo al nuevo gobierno. 

Fue en estas condiciones en las que se produjeron las llamadas Conferencias de Bucareli entre representantes de los gobiernos de México y Los Estados Unidos. Los acuerdos que de ahí se derivaron en realidad consistieron en la instalación de dos convenciones, una general y una específica (que se convirtieron en comisiones mixtas), para atender las reclamaciones sobre los daños ocasionados a las propiedades de extranjeros en México, no solo durante la revolución sino desde 1868, ya que las anteriores habían quedado pendientes de resolver. La general atendería las reclamaciones de 1868 hasta el inicio de la revolución y la específica las referidas al proceso revolucionario. De dichas comisiones se derivaron los montos y los plazos acordados para cubrir las reclamaciones.

El asunto de la reanudación del pago de la deuda externa se resolvió un poco antes con la realización del primer pago por parte del gobierno mexicano y con el otorgamiento de un préstamo a este por el gobierno y los bancos extranjeros. Por otro lado, en conversaciones informales, el gobierno de Estados Unidos había retirado su exigencia de modificar el artículo 27 constitucional y el de México aceptó que no se aplicara retroactivamente. 

Adicionalmente, siguiendo el recuento que nos brinda el Dr. Almada en su libro, en esas conversaciones informales Obregón acordó con Estados Unidos que se reconocería la propiedad de las compañías extranjeras, pero en la forma de concesiones por un periodo determinado.

 Fue de esta manera como se logró el reconocimiento del gobierno de Obregón por parte de los Estados Unidos y las relaciones diplomáticas entre ambos países se reanudaron el 3 de septiembre de 1923.