Que Dios nos agarre confesados
Manuel Valenzuela V.
Al momento de escribir estas notas, Donald Trump ha tomado ya posesión como el 47th presidente de los Estados Unidos de América y, en su discurso inaugural, ha dicho que hoy mismo firmará un decreto en el que declarará emergencia nacional por la situación en la frontera sur y procederá a la deportación de los inmigrantes indocumentados.
Por si ello no fuera suficiente, dijo que también firmará otro decreto en el que declarará organizaciones terroristas a los carteles de la droga de México, con lo que -según las leyes de su país- puede hacer uso de todos los medios, incluido el ejército, para atacar y destruir esas organizaciones dentro y fuera de su territorio. También reiteró que va a renombrar el Golfo de México por el de Golfo de América.
Por otro lado, no mencionó explícitamente los aranceles que dijo que iba a imponer a los productos provenientes de México y China, dijo que creará una nueva dependencia recaudadora de impuestos provenientes de aranceles a las importaciones, a la que llamará Internal Revenue Service (ERS), que será complementaria a la ya conocida Internal Revenue Service que se encarga de recaudar los impuestos.
También reiteró su propósito de reindustrializar al país promoviendo el regreso de las plantas manufactureras a su territorio, lo que no favorece al famoso nearshoring en el que descansa en recientemente anunciado Plan México por la presidenta de la república. Por lo anunciado por Trump, podemos decir que "mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes" para referirnos a lo que nos espera como país.
Muchos de nosotros esperábamos que las amenazas de Trump fueran solo dichos de campaña destinados a ganar votos, pero que no formaran parte de acciones de gobierno. Eso ya no sucedió al menos en los temas de las deportaciones y la declaración de terroristas a los carteles de las drogas. Veremos si a esto se agrega próximamente el de los aranceles a las exportaciones mexicanas.
Esta situación pone al gobierno mexicano en un predicamento. Por un lado, tiene que responder a lo que nos afecta directamente, pero por el otro, es necesario dejar las puertas abiertas a la negociación y continuar extendiendo la mano al gobierno de Estados Unidos para buscar soluciones concertadas a los problemas que nos son comunes.
En el caso de las deportaciones, es imperativo defender a los connacionales que viven en el vecino país y atender a los que serán deportados. No se debe aceptar convertirse en "tercer país seguro" y forzar al gobierno norteamericano a que las deportaciones de inmigrantes de otros países las realicen a sus naciones de origen. No debemos enmendarle la plana a Trump, ni disminuirle los costos de las implicaciones que sus acciones implican.
La estrategia de defensa de los intereses de los connacionales necesariamente tiene implicaciones presupuestales. Por un lado, implica elevar sustancialmente el presupuesto de los consulados mexicanos en Estados Unidos para poder brindar asesoría legal a los paisanos que la soliciten. Hasta hoy, el discurso de la presidenta no se ha reflejado en el presupuesto.
Lo mismo debe suceder al prepararnos para recibir a los connacionales que sean deportados. Los estados y sobre todo los municipios fronterizos receptores de migrantes deben ser apoyados con los recursos presupuestales necesarios para atenderlos y reinsertarlos en nuestra sociedad (empleo, escuela, servicios, etc.). Tampoco esto ha sucedido hasta hoy.
En lo que se refiere a la declaración de los grupos criminales como terroristas, lo más prudente es buscar la cooperación con los Estados Unidos para atacar y desarticular conjuntamente a los carteles de la droga.
Lo peor que puede hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum, es dar la impresión de que se pone del lado de los criminales y envolverse en la bandera para no actuar contra ellos. Hay que considerar que como lo han dicho explícitamente tanto Trump como Marco Rubio, ellos van sobre la desarticulación de los grupos criminales mexicanos con o sin la ayuda del gobierno de México.
Hay que partir del hecho de que la desarticulación de estos grupos que aquí el gobierno les llama "generadores de violencia" para no llamarlos como lo que son: organizaciones criminales, nos beneficia a todos, tanto a los estadounidenses como a los mexicanos.
Por ello, lo mejor es cooperar con ellos para acabar con ellos y recuperar el control del territorio hoy controlado por los criminales.
Cierto que esto implica la desarticulación de la red de protección de políticos, policías y militares que han permitido que estos grupos actúen en la impunidad. Esto es quizá lo que más duele tanto al actual gobierno como a los anteriores, porque muy probablemente saldrán a la luz las complicidades de unos y otros con los criminales, incluyendo el financiamiento de las campañas políticas de los partidos.
Lo mismo debe suceder con la red de lavado de dinero que seguramente implicará a los bancos y a muchos empresarios de nuestro país, pero también de los Estados Unidos.
No queda de otra, se acabaron los abrazos a los criminales y aunque se tengan que disparar más balazos, la paz vendrá cuando los criminales y sus protectores estén detrás de las rejas. Por lo pronto, con la nueva presidencia de Trump, como decían las abuelas, "más vale que Dios nos agarre confesados".