Señales de alerta
Manuel Valenzuela V.
La campaña desatada en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha sido orquestada desde Palacio Nacional es sumamente preocupante. No solo atenta contra uno de los poderes que sostienen el andamiaje institucional, sino que pone en riesgo la seguridad misma de los ministros. Esto no es una cosa menor en un país que exhibe señales claras de inestabilidad en varios frentes, especialmente en el de la inseguridad, a causa del poder del crimen organizado y la decisión del gobierno de tolerarlo con su política de "abrazos, no balazos".
En días pasados circularon en las redes sociales videos de personas enardecidas golpeando el automóvil de uno de los ministros -presumiblemente la ministra presidenta de la SCJN- gritando todo tipo de improperios e impidiéndole el acceso al lugar de trabajo. No es exagerado decir que podemos estar muy cerca de que la turba atente contra seguridad física y de la propia la vida de los ministros. Ojalá esto no suceda, pero el riesgo crece en la medida en que continúe la violencia verbal.
La molestia del presidente contra la SCJN proviene de su evidente talante autoritario. No tolera que la Corte haya invalidado la primera parte de su Plan B por violaciones al proceso legislativo en su aprobación. Los expertos anticipan que muy probablemente sucederá lo mismo con la segunda parte y con las dos docenas de leyes que se aprobaron recientemente en el Congreso donde se incurrió en el mismo error.
El presidente no cuestiona los argumentos jurídicos expresados por ministros que votaron en el mismo sentido para argumentar las violaciones al procedimiento legislativo, sino que arremete contra ellos con argumentos políticos acusándoles de responder a los intereses de "los conservadores" y estar al servicio de "una minoría rapaz".
El trabajo de la Corte, en casos como este, consiste en verificar que las leyes aprobadas por el Congreso se hayan realizado de acuerdo con lo establecido en la propia constitución (artículos 71 y 72) y en los reglamentos de ambas cámaras, lo mismo que en comprobar que su contenido no haya violado otros postulados de la propia Carta Magna. En este caso, según lo argumentó el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, se probó la violación del proceso legislativo por lo que ni siquiera se hubo necesidad de entrar al análisis del contenido de las dos leyes reformadas (Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas) en la primera parte del Plan B de la reforma electoral. La votación fue contundente: 9 a 2 en favor de la anulación de las modificaciones.
La Corte solo hizo su trabajo, lo que sucede es que al presidente no le gustó lo que resolvió y enfocó la crítica en su contra, especialmente contra los nueve ministros que votaron a favor de la propuesta del ponente. Al día siguiente de la resolución, se inició un proceso de linchamiento de los ministros y de desprestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el senado, el presidente de la Mesa de Coordinación Política, Ricardo Monreal, enlistó cuarenta "excesos" o "privilegios" de que gozan los ministros de la Corte y habló de la posibilidad de llamarlos a comparecer ante ese órgano; enseguida el presidente hizo lo propio en sus conferencias mañaneras donde leyó los mismos puntos y, a partir de ahí, los voceros de Morena se sumaron al coro para desprestigiar a los ministros y a la Suprema Corte.
Un par de días después se empezaron a sentir las consecuencias de la violencia verbal del presidente y sus seguidores, cuando se produjo la agresión mencionada al vehículo de la ministra presidente. En el video se observa que el incidente estuvo a punto de pasar a mayores si, en el momento de la agresión, alguna persona hubiera usado una piedra o un objeto sólido y quebrado los cristales del vehículo. Muy probablemente se hubiera atentado contra la seguridad física de la ministra con consecuencias insospechadas. Por fortuna esto no sucedió, pero nadie nos asegura que no sucederá en los próximos días o semanas.
Este ambiente de polarización, propiciado y avivado cada día por el propio presidente de la República desde la mañanera, no es bueno para el país. La realidad nos está enviando señales de alerta como el suceso comentado. Es importante que las autoridades tomen nota de ellas y contribuyan a poner fin a este proceso de linchamiento de la Corte y responsabilizarse de la protección de la integridad física de los ministros y del recinto de la Corte.
Por fortuna hasta hoy el presidente no ha llamado a desobedecer a la Corte, lo que implicaría la ruptura del orden constitucional, sino a reformar el Poder Judicial. Ha dicho que, en septiembre de 2024, cuando solo le quedará un mes en su encargo, enviará al Congreso una iniciativa de ley para, entre otras cosas, elegir a los ministros por el voto popular. La aprobación de una iniciativa como esa supone que el presidente espera que Morena obtenga mayorías calificadas en ambas cámaras, por lo que se intuye que hará campaña en favor lograrlo a pesar de que la ley lo prohíbe.
Supone además que él o la presidente(a) electo(a) estará de acuerdo con dicha propuesta. Al menos, claro está, que el presidente esté pensando en convertirse en el poder tras el trono después de las elecciones de 2024, como lo hizo tiempo atrás un sonorense de triste memoria. La paradoja sería que una persona que aspira ser recordado como Lázaro Cárdenas, terminara convertido en el nuevo Plutarco Elías Calles intentando ser el "jefe máximo" de la Cuarta Transformación. Así de cruel puede ser la historia.