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Sin subsanar, daños en Río Sonora

La remediación de los daños continúa sin poder ser subsanadas de manera integral

Río Sonora
Río Sonora a

por Ángel Lozano

04/08/2023 06:02 / Uniradio Informa Sonora / Reportajes especiales / Actualizado al 03/08/2023

Por Ángel Lozano

A nueve años del desastre ecológico más grande en la historia del Estado, ocasionado por el derrame de tóxicos en el Río Sonora, la remediación de los daños continúa sin poder ser subsanadas de manera integral, señaló el integrante de Comités de Cuenca Río Sonora, Ramón Miranda.

Refirió que, a pesar de que tras el incidente que derivó en el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en Cananea; se establecieron compromisos por parte de la empresa minera y el gobierno federal, pero a la fecha no se han cumplido.

Señaló que entre los asuntos pendientes y de mayor demanda de los habitantes de la región, destaca la culminación del hospital especializado para el tratamiento y seguimiento de las personas afectadas, denominado Unidad Epidemiológica de Vigilancia y Ambiental de Sonora (Uveas), en Ures, el cual se quedó en obra negra.

"Queremos que ese hospital funcione, que este hospital pues atienda lo que realmente afectó el derrame del Río Sonora y que no es nuestra culpa, de los habitantes del Río Sonora, que la empresa que hizo este derrame nos salga con que no tiene lana, o que el gobierno le dice que no hay lana para construir el hospital", apuntó.

El habitante de Aconchi señaló que, ante la falta de seguimiento médico especializado, en los últimos cinco años han surgido brotes de enfermedades que han cobrado la vida de los habitantes de la zona.

"Aquí desafortunadamente pues se mezcló lo de la pandemia con este problema del Río Sonora, pero aparte de la pandemia hay y sigue habiendo muchos brotes de cáncer, problemas renales, problemas de hígado, problemas cutáneos, y por eso hay una mortandad enorme en el Río Sonora", expuso.

Con respecto al compromiso de la instalación de al menos 36 plantas potabilizadoras para garantizar el suministro de agua adecuado a los habitantes, puntualizó que únicamente se construyeron tres, y hoy en día solo una está en funcionamiento, en la comunidad de San Rafael, en Ures.

Del Fideicomiso Río Sonora que se creó en 2015 a raíz de un convenio entre Grupo México y las autoridades federales, por un monto de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones y llevar a cabo las obras de remediación, puntualizó que únicamente se ejercieron mil 200 millones.

A pesar de que estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) arrojan que el agua y el suelo del Río Sonora está libre de contaminantes por metales pesados, dijo que investigaciones de instituciones académicas señalan lo contrario.

"Aquí hay un detalle, mencionan el subsuelo y lo superficial, hay muchos datos de las aguas superficiales, pero del subsuelo nadie dice nada, pero está totalmente contaminado, sobre todo hay un ingrediente más que a raíz de estas investigaciones nuevas que son los famosos sedimentos, siempre se ha analizado el agua que fluye o el agua estancada, pero los sedimentos, ahí es donde está la mayor parte de concentración de metales", expresó.

A casi una década de la mayor tragedia ecológica en el estado, Ramón Miranda dijo que continúa la lucha por conseguir la reparación del daño, pero además se llevan a cabo acciones para prevenir desastres.

Dijo que en mayo de este año un órgano colegiado otorgó la razón a los pobladores de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informen sobre las irregularidades en la construcción de una megapresa de jales, por parte de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.

Detalló que, dicho fallo otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, también obliga a la empresa minera a reforzar las acciones de prevención para evitar posibles derrames que pongan en riesgo a la población de las comunidades río abajo de la presa.