25/05/2024 10:16 / Uniradio Informa Sonora / Sociedad / Actualizado al 25/05/2024
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el Programa de Asuntos Migratorios la preocupación central radica en el enfoque que tiene la actual política migratoria mexicana, planteada desde un paradigma de seguridad nacional y militarización, que tiene como objetivo la contención de los flujos migratorios, de todo el mundo, que llegan a México para quedarse o buscar llegar a Estados Unidos. Lo anterior tiene graves consecuencias para la vida, integridad, dignidad y libertad de las personas migrantes forzadas y con necesidades de protección internacional.
El gobierno federal mexicano implementa diversas políticas y acciones que violan de manera sistemática y generalizada los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Desde no garantizar el acceso a procedimientos de regularización migratoria previstos en la legislación a través de prácticas discrecionales y aleatorias, que otorgan de forma poco clara documentos a ciertas personas en ciertas coyunturas, hasta prácticas ilícitas como la venta de dichos documentos. No garantizar el acceso a la protección internacional a través de cambiar requisitos y procedimientos, ralentizar los procesos y no respetar el principio de no devolución para personas con necesidades de protección.
Hasta no generar políticas integrales y transversales de acceso a derechos para la población migrante, que permitan promover procesos de integración.
México, se ha convertido un territorio de espera y expulsión para las personas que buscan protección en Estados Unidos, lo que genera que se vean forzadas a quedarse en México, en donde no se garantiza el acceso a derechos fundamentales. Además, la política migratoria mexicana se centra en la detención masiva de las personas, para lo cual, ha involucrado a las fuerzas armadas en las tareas de control, verificación y revisión migratoria, lo que coloca a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad.
A continuación, presentamos una serie de propuestas para atender esta problemática:
1. Desvincular la gestión migratoria del enfoque de seguridad militarizado para la contención, y apegarse de manera irrestricta a una política migratoria garante de derechos humanos y desde un enfoque de protección. Lo cual, incluye:
a. Erradicar la presencia de las fuerzas armadas de puntos de revisión, aduanas y espacios de control fronterizo, lo que necesariamente implica la modificación de la Ley de la Guardia Nacional respecto a las atribuciones de sus agentes.
b. Generar pautas y controles en el marco normativo para garantizar que los funcionarios públicos que componen la estructura del Instituto Nacional de Migración (INM) sean perfiles civiles con grados de especialización en derechos humanos.
c. Restringir las facultades del INM a acciones de control y verificación migratoria y facilitación de los procesos de regularización migratoria. Lo cual
implica limitar su actuar a cuestiones meramente administrativas, como el registro de la entrada y salida de personas en el país, y técnicas, como los
procedimientos de regularización migratoria.
d. Modificar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración relativos al control y verificación migratoria, de acuerdo con el Amparo en Revisión 275/2019
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para avanzar hacia revisiones migratorias exclusivamente en puntos de internación, garantizando que se elimine el uso del perfilamiento racial y otras prácticas discriminatorias.
e. Armonizar la Ley de Migración para garantizar que la detención de personas por razones migratorias no exceda las 36 horas, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad, e incluir un control judicial de las acciones del INM.
f. Fortalecer las capacidades institucionales (financieras, humanas, de infraestructura y recursos técnicos) de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de manera congruente con el aumento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado para agilizar los procesos y responder de manera efectiva a las necesidades de protección.
g. Garantizar que las instituciones competentes atiendan las necesidades de protección internacional (Comar) y de las personas en situación de vulnerabilidad (DIF), así como el acceso integral a derechos como salud, educación, trabajo, entre otros. Para ello, se debe establecer en el marco
normativo que la política migratoria es de competencia de otras instituciones y secretarías de gobierno, de tal manera que se garantice que su
actuar no dependa ni esté sujeto a las disposiciones del INM. Por tanto, es fundamental clarificar las funciones y responsabilidades para una adecuada coordinación interinstitucional, así como su transparencia. Finalmente,
h. Fortalecer las capacidades de dichas instituciones en la materia.
2. Implementar programas, mecanismos e iniciativas de regularización migratoria adecuados a las necesidades de los flujos migratorios actuales, las realidades demográficas y del mercado de trabajo, y las personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad como personas afectadas por los desastres, el cambio climático y la degradación del medio ambiente; personas que se enfrentan a un acceso desigual a los derechos económicos y sociales, incluida la atención de la salud, un trabajo digno, la alimentación, el acceso a la tierra o el agua; y personas que viven una situación de desigualdad de oportunidades, incluida la desigualdad por motivos de género y la violencia de género. Dichos programas, mecanismos o iniciativas deben contar con los siguiente estándares mínimos:
a. Establecer procedimientos accesibles, flexibles y transparentes en términos económicos, técnicos y temporales, centrados en las personas y sus necesidades.
b. Establecer criterios claros, transparentes y basados en derechos que respondan a necesidades específicas.
c. Contar con una perspectiva de género interseccional.
d. Garantizar el interés superior de la niñez.
e. Establecer una prohibición de discriminación.
f. Abstenerse de imponer sanciones por haber estado en situación irregular.
g. Otorgar una situación regular en lo que se resuelve la decisión final para garantizar la certeza jurídica a las personas durante los procedimientos.
h. Permitir trabajar y tener acceso a medios de subsistencia suficientes.
i. Condiciones de igualdad para el goce de los derechos humanos durante los procedimientos.
j. Las decisiones oficiales e individualizadas deben darse por escrito y exponer los motivos de resolución.
k. Dar posibilidad de revisión administrativa y judicial.
l. Garantizar a las personas y sus representantes legales el acceso a toda la información y documentación conexa.
m. Establecer vías para la renovación accesibles, transparentes, claras y eficaces.
n. Establecer vías para acceder a una residencia permanente y ciudadanía en el mediano y largo plazo.
o. Además, se debe proveer de forma accesible a las personas de la información adecuada e integral sobre los procedimientos y asesoría en el idioma de las personas.
3. Implementar una política de integración adecuada e integral para las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Lo cual, incluye a la integración laboral, educativa y financiera, así como el desarrollo de políticas y programas de no discriminación y promoción de la hospitalidad. Esto implica promover el acceso universal a derechos y el desarrollo social sin discriminación por origen nacional, ni estatus migratorio, para todas las personas que están en el territorio mexicano. Esto debería contemplar, al menos:
a. El reconocimiento oficial de la realidad nacional respecto a los flujos migratorios para los que México es ya un país de destino y, por ende, la necesidad de generar políticas de integración.
b. Desarrollar el marco normativo, los diseños institucionales adecuados y asignar los presupuestos pertinentes para generar una coordinación eficiente entre la federación y los estados a fin de promover el acceso efectivo a derechos de las personas sin discriminación por origen nacional, ni estatus migratorio. Lo anterior, con la participación de los diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
c. Diseñar políticas de educación, formación y comunicación para combatir prejuicios, estereotipos y estigmas sobre las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, así como promover la hospitalidad y valorar la diversidad.
