por EL UNIVERSAL
04/10/2024 14:33 / Uniradio Informa Sonora / Sociedad / Actualizado al 04/10/2024
CULIACÁN, Sin.- El Juez de control y enjuiciamiento que conoce de la causa penal 839/ 2024, aplicó como nuevas medidas cautelares a Robespierre Lizárraga Otero, acusado de abuso de autoridad, ser separado en forma temporal del cargo de encargado del despacho de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Lizárraga Otero el pasado 19 de octubre del 2023, asumió dicho cargo, luego que un juez de control impuso una primera medida cautelar similar al rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina, acusado por el delito de desempeño irregular de la función pública por la compra ilegal de 45 millones de pesos en tortillas.
De acuerdo al criterio del Juez de Control y Enjuiciamiento, Carlos Alberto Herrera determinó imponer una nueva medida cautelar a Robespierre Lizárraga, en relación con la acusación fincada por negar al personal de la Auditoría Superior del Estado practicar una revisión al uso de los recursos que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa.
A solicitud de la representación de la Fiscalía General del Estado, el juez de control determinó separarlo en forma temporal del cargo de encargado del despacho de la rectoría, a fin de evitar que este sea un obstáculo en las investigaciones que se llevan a cabo.
En audiencia celebrada el día 17 de octubre del 2023, el rector en funciones de la Máxima Casa de Estudios del Estado, fue separado por primera vez de su cargo en forma temporal, como medida cautelar, ante la acusación de haber comprado 45 millones de pesos en tortillas sin cumplir los requisitos.
Durante dicha audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó al Juez de Control que conoce uno de los nueve casos judiciales a que enfrenta, que éste sea separado en forma temporal del cargo por el que resultó electo por el Consejo Universitario para un periodo de cuatro años.
Madueña Molina, en un receso de la larga audiencia que duró once horas, anticipó que percibía la intención de la autoridad judicial por solicitar en su contra y de otros funcionarios universitarios nuevas medidas cautelares, distintas a la que le habían aplicado de no abandonar el país y acudir a firmar cada tres semanas.
